Por Lic. Alejandro Jerez Espinal
Cada segundo que transcurre, en algún lugar del mundo, un ser humano pierde
la vida, producto de los traumatismos de un accidente de tránsito, mientras que
otros más afortunados son postrados a vivir con problemas de discapacidad temporal o permanente,
convirtiéndose en una verdadera carga económica para sus familiares, los
sistemas de salud, programas de protección social y el Estado, aparte de las
secuelas psicológicas de la propia víctima.
Como expresión
de un problema global que afecta a todos los países, pero con mayor frecuencia
e intensidad a las naciones de bajo y mediano ingreso, se muestran algunos
titulares de los medios de prensa escrito y digital a nivel local e
internacional, que describen como “fallece menor de 17 años en choque de
motocicletas”, “dos hermanos fallecen al deslizarse Yipeta en Autovía del Este”,
“luego de tres muertes, Amet promete parar competencia en motocicletas”,” accidente
de tránsito en Panamá deja varios heridos”, “un muerto y dos heridos en
accidente de tránsito en Chiriquí”,”choque de camión contra un poste deja un menor
muerto en Junín”, y ponen de manifiesto una realidad que se agudiza con el paso
de los años.
Este drama se acrecienta ante la complicidad de
sectores empresariales ligados al transporte, sindicatos de empleadores,
sindicatos de trabajadores del transporte que privilegian su interés
particular, propiciando la motorización del transporte en manos del sector
privado, por encima del interés general que debe ir en la dirección de aplicar soluciones
de transporte público masivo y verdaderas políticas de protección vial para
disminuir los accidentes en las carreteras.
Con lo anterior se evidencia, la indiferencia de
algunos gobiernos de la Región de América Latina y El Caribe, que por un lado promueven
y aplican legislaciones pocos disuasivas y que en ocasiones están divorciadas
de la realidad de los países y por el otro, las autoridades responsables de
fiscalizar y garantizar el cumplimiento
de la Ley, muestran, su falta de compromiso y profesionalidad.
Factores de riesgos como el hecho de conducir a
exceso de velocidad, bajo los efectos
del alcohol y estupefaciente, el uso de teléfonos celulares, sumado a la
práctica de no protegerse, cuando se maneja sin el uso del cinturón de
seguridad, o el casco protector, en el caso de motociclistas y ciclistas, deficiente
educación vial, vulnerabilidad en los mecanismos de expedición de la licencia
de conducir, infraestructura vial en condiciones inadecuadas y vehículos con
decenas de años de servicios que aún circulan en las carreteras, son realidades
que tampoco ayudan aminorar las muertes por lesiones de accidentes de tránsito.
Anualmente, 1.2 millones de muertos en las
carreteras y 50 millones de lesionados, es el resultado en todo el mundo de los
accidentes de tránsito, lo que representa una gran carga para los países en
desarrollo, con un costo estimado en un 5% del PIB, impactando de manera directa su desarrollo y
productividad y mermando la población joven, pues, la principal causa de muerte
de ese segmento de 15 a 29 años de edad, tiene su origen en los traumatismos
generados por los accidentes de tránsito.
En la Región el índice de
mortalidad es de 15.9 personas por cada cien mil habitantes, cuyos extremos los
constituyen Canadá y República Dominicana con una tasa de mortalidad respectiva
de 6 y 29.3 cada uno, (OPS, 2016).
Los usuarios vulnerables de las vías de tránsito,
entiéndase, peatones, ciclistas y motociclistas, representan el 45% de las
defunciones en la Región, OPS (2016), información que se corresponde con las
recientes declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Tránsito y
Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, de que el
62.9% de las muertes por accidentes de tránsito que ocurren en República
Dominicana, es en motocicletas.
El País como signatario de la agenda 2030, que busca reducir a
la mitad las muertes por lesiones de tránsito para el año 2020, tiene ante sí
un gran desafío, no solo por el elevado costo al sistema de salud en la
República Dominicana, sino también, por los niveles de discapacidad que generan
en la población económicamente activa, que es la que está en capacidad de
producir y generar riquezas con su fuerza de trabajo. Abordar el problema con toda la seriedad que
amerita, debe iniciar por lo más elemental en todo programa de protección vial,
que es desterrar para siempre en la mente y el corazón de los usuarios de las
vías de tránsito, la cultura de no ceder el paso.
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