En un documento de prensa, la ministra Mayra Jiménez dice que concuerda con el Mandatario en que la penalización absoluta del aborto es un grave problema social, de salud pública y de violencia contra las mujeres.
Afirmó que el problema afecta fundamentalmente a las más pobres y las que están situación de alta vulnerabilidad y violencia.
Valoró como positivo el apoyo del gobierno a la aprobación de las tres causales: cuando la vida de la mujer corre peligro, en caso de violación e incesto y cuando hay malformación del feto incompatible con la vida clínicamente comprobable.
“El presidente Luis Abinader hizo el compromiso de un gobierno del cambio, el cual empieza por dar respuesta a los problemas en un contexto de institucionalidad y respeto a los derechos y a la salud de las mujeres sin aplazarlos», indicó.
Y agregó: «Existen suficientes evidencias que indican que la penalización absoluta del aborto, no contribuye a disminuir su ocurrencia, razón por la cual las tasas más altas de aborto son justamente en los países con leyes más restrictivas, como es nuestro caso”.
Se estima que en República Dominicana, cada año, aproximadamente 25.000 mujeres, adolescentes y niñas son atendidas por complicaciones vinculadas con abortos espontáneos o inducidos, causando entre el 8 % y 13% de las muertes maternas, según datos del Ministerio de Salud Pública.
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