El Código Penal Dominicano establece penas desde los 10 años de prisión hasta 30 años en los casos de tortura o barbarie contra niños o adolescentes, contra personas vulnerables debido a su edad, a una enfermedad, invalidez, deficiencia o discapacidad física o psíquica, o a un estado de gravidez conocido por el autor del delito, recordó la Procuraduría General en un comunicado.
«Cualquier acuerdo con el imputado o solicitud de una pena menor deberá ser debidamente justificado por el fiscal actuante y autorizado por el superior inmediato, quien lo informará a la Dirección General de Persecución», indicó la procuradora, según la nota.
Esta instrucción «es de aplicación obligatoria, inmediata y general», apuntó.
La disposición señala que debido a la gravedad y aumento de casos de víctimas de quemaduras con la sustancia conocida como «ácido del diablo», existe la necesidad «de establecer directrices que orienten el proceder de los fiscales con el fin de alcanzar uniformidad de criterios de actuación en la investigación y persecución de esos casos».
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