La principal propuesta se refiere al cambio en el sistema de elección del procurador general de la República, que ahora es designado por el presidente de la nación.
También contempla que el procurador, que pasaría a llamarse fiscal general de la República, sea nombrado por un período de seis años, conforme al mecanismo que se establezca en una futura ley.
Del mismo modo, se introduciría una modificación en la Constitución para que el fiscal pueda ser interpelado por la Cámara de Diputados y el Senado para rendir cuentas, según explicó el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
En relación a las funciones del fiscal general, se le retiraría la potestad de formular e implementar la política contra la criminalidad y también se le quitaría la administración del sistema penitenciario.
El Ejecutivo también propuso la unificación de las elecciones municipales, presidenciales y legislativas, así como la eliminación del arrastre.
Estas modificaciones no se aplicarían en 2024, sino a partir de los comicios previstos para 2028, según explicó Peralta, indicando que, de esta forma, se evita que ningún actual cargo se pueda beneficiar de la eventual reforma.
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