La comunidad educativa se aproxima al cierre oficial de un ciclo escolar que exhibió las carencias más elementales y viejas brechas no corregidas del sistema educativo dominicano.
El peculiar año lectivo se aleja con un historial de cuestionamientos sobre el adecuado aprovechamiento de un peleado presupuesto de miles de millones de pesos que no logra satisfacer las necesidades básicas en los planteles escolares.
Así llega a su ocaso un calendario marcado con días grises por la alta carga de violencia reflejada en las escuelas y con poco que celebrar en términos de aprendizajes en áreas fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país.
A una semana del cierre del año escolar 2022-2023, elCaribe pasa balance a su desempeño a la luz de tres actores primarios en la dinámica de la enseñanza.
Entidades como Acción Empresarial por la Educación (Educa), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Federación Nacional de Asociaciones de Padres Madres y Amigos de la Escuela (Apmae) comparten sus experiencias y análisis respecto a este año educativo. A la vez, identifican las materias pendientes a superar en el próximo calendario que comienza el 28 de agosto.
Este escrito busca, además, destacar hechos y decisiones relevantes que matizaron el curso del año escolar.
Con 179 jornadas de clases (37 semanas), se recordará también como uno de los más cortos en los últimos años. Este recorte se debió a un ajuste para nivelar el calendario que regía antes de la COVID-19. “A pesar de que se tiene este calendario definido como el más breve de su tipo, probablemente de la última década, también se ha visto afectado por innumerables conflictos del sindicato y de interrupciones de la actividad escolar que evidentemente repercuten sobre la calidad de los aprendizajes de los estudiantes impactando más fuertemente en aquellos que provienen de los sectores más vulnerables de la población”, comenta Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. El año lectivo 2022-2023 encontró a las escuelas y liceos públicos con un déficit significativo de aulas, butacas y profesores. A solo una semana para empezar las clases, el Ministerio de Educación presentó una convocatoria de urgencia para la adquisición de 35 mil butacas. La compra fue motivada tras los resultados de un informe oficial de la Dirección General de Servicios Generales del Minerd frente a las necesidades de este año escolar.
Esto destapó una olla de grillos en el Ministerio de Educación que develó una serie de incumplimientos en contratos millonarios para la adquisición de mobiliario escolar y entrega de centros educativos.
Las dificultades que amenazaban el inicio del año escolar no eran pocas. A días de la importante convocatoria, el Minerd se concentraba en la intervención de 700 recintos educativos que, según declaraciones oficiales, el Gobierno anterior no concluyó.
A todo esto, una noticia sembró la incertidumbre: el sector público educativo no tenía espacio para recibir a miles de niños y niñas. Esto significó una prueba de fuego para Ángel Hernández, un reputado pedagogo, que recién se estrenaba como nuevo titular de un ministerio salpicado por denuncias de irregularidades que le costaron el puesto a su predecesor. En respuesta a la delicada situación, el gobierno echó mano del Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar (PASE) para la entrega de un bono de 500 dólares a los alumnos que quedaron fuera de los recintos públicos para que puedan ser inscritos en centros educativos privados y así no pierdan el año.
No hay comentarios:
Publicar un comentario