En la acción, denominada Halcón IV y que el Ministerio Público define como «la que más grande operación realizada hasta el momento contra múltiples redes criminales», intervienen 71 fiscales y 1,350 policías y militares, según con un comunicado.
Entre los principales investigados figura Joel Ambioris Pimentel García (alias la J), deportado de Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico, y quien es señalado como la persona que recientemente amenazó por WhatsApp a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
De acuerdo con las autoridades, tras su deportación al país, el hombre viajó a Colombia, donde logró una identificación de esa nación, desde donde se trasladó a España, donde reside.
Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas en varias provincias del norte de República Dominicana.
También es señalado como cabecilla de estas estructuras José Halminton Ureña, quien se encuentra fuera del país y tiene una pena condicional por narcotráfico.
Su organización es contraria a la de Pimentel García y también está vinculado a decenas de muertes violentas que incluyen a miembros de su propia red, según la información.
También figura Rafael Tomás Conill Salcedo, quien igualmente usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez, y quien en la actualidad está en Panamá, pero «mantiene una activa participación criminal en distintas cárceles» dominicanas.
Asimismo, Isidro Marcelino Tavares Acevedo, actualmente preso en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, donde cumple una condena a veinte por homicidio.
Otros supuestos miembros de estas redes son Kelvin Manuel Concepción López, Ángel Pascual García Vásquez, Alejandro Vidal, Carlos Erik Abreu Ureña y Briayan Rafael Abreu Ureña, Ilich Raymundo Báez Ureña, Jonás Antonio Turbi Molina y Francisco Rosario Matías.
Asimismo, Elimelec Quiñones Calderon, José Miguel Fabián García Sánchez, Luis José Bonilla Santana, Jencil Freund Arias, Deibys Santiago, Kelvin Pablo García Rodríguez, Allison Moreno Rodríguez y Luis Amaurys Pimentel García.
La información oficial indica que miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos con estas redes criminales.
Como parte de la operación desplegada, se realizaron varios allanamientos, los cuales se iniciaron a las 3:30 de la madrugada en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega.
También se llevaron a cabo requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito, Cárcel Pública de La Vega, en los que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión.
En su comunicado, el Ministerio Público llamó «a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación, a que se acerquen a la Procuraduría General de la República sin ningún temor de hablar, ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial de protecció para víctimas y testigos».
Las autoridades aseguran contar con evidencias de que «las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas, con la intención de crear pistas falsas».EFE
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