A través de la resolución 28-2023 el organismo comicial establece la prohibición de la utilización de los recursos del Estado en provecho propio de los funcionarios o de terceras personas y quienes incurran en esta práctica pueden enfrentar hasta tres años de prisión.
La resolución está dirigida a todos los funcionarios públicos que hayan sido designados por decretos del Poder Ejecutivo, o por nombramientos en instituciones públicas y a los funcionarios de los ayuntamientos a nivel nacional.
"En el caso de los funcionarios y autoridades que pertenecen a otros poderes del Estado u órganos constitucionales y que hayan decidido manifestar sus aspiraciones a un cargo de elección popular a través de una organización política, los mismos se regirán conforme a las prohibiciones, limitaciones e incompatibilidades previstas en las leyes y normas de sus respectivos ámbitos", establece la resolución.
La resolución también establece la prohibición de la aceptación de dinero ilícito durante la precampaña. La resolución señala que los partidos que reciban financiamiento por parte de funcionarios públicos sin prejuicio de que terceras personas que participen en dicha operación y que no son funcionarios públicos también puedan ser sancionados por las vías que establece la ley serán susceptibles de ser condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada.
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