El republicano ya había prometido eliminar este derecho, consagrado en la 14ª enmienda de la Constitución, tan pronto como asumiera el cargo y así cumplir sus promesas de restringir la inmigración y redefinir lo que significa ser estadounidense.
"Vamos a ponerle fin a eso porque es ridículo", declaró Trump en una entrevista en el programa de NBC en diciembre pasado.
La idea acompaña al republicano desde su campaña presidencial de 2016 y en su primer gobierno anunció una orden que daría fin al principio que otorga la nacionalidad a toda persona nacida en territorio estadounidense sin importar el estatus migratorio de sus padres. Pero su salida de la Casa Blanca llegó sin lograr materializarlo.
Esta vez ha firmado la orden a horas de iniciar su segundo mandato, aunque las probabilidades de ejecutarla todavía generan dudas entre los expertos estadounidenses.
La agencia de noticias EFE señala que no está claro qué efectos legales tendrá el decreto, ya que modificar este principio podría requerir un cambio constitucional, un proceso mucho más complejo.
En tanto, The Associated Press aseguró que es casi un hecho que el asunto termine en los tribunales.
Opiniones encontradas
La medida tiene tanto personas a favor como en contra para su ejecución.
No todos los países tienen esta práctica, y Trump y sus partidarios han argumentado que se ha abusado del sistema y debería haber estándares más estrictos para obtener la ciudadanía.
"El simple hecho de cruzar la frontera y tener un hijo no le debería dar derecho a nadie a obtener la ciudadanía", es la posición de Eric Ruark, director de investigación de NumbersUSA. La organización propone que al menos uno de los padres sea residente legal permanente o ciudadano para que sus hijos obtengan la nacionalidad.
Otros han argumentado que ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento sería perjudicial para el país. "Uno de nuestros grandes beneficios es que las personas nacidas aquí son ciudadanos, no son una subclase ilegal. Existe una mejor asimilación e integración de los inmigrantes y sus hijos", asegura Alex Nowrasteh, vicepresidente de estudios de políticas económicas y sociales en el Instituto Cato, un organismo a favor de la inmigración.
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